El Consejo de Ministros y Ministras, a propuesta del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, aprobó el pasado martes 18 de octubre el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Sustituye al que estaba en vigor desde 1999 y se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque de derechos humanos. 

 

Responde a los compromisos adoptados en la esfera nacional e internacional y a la demanda del sector de la discapacidad, un colectivo formado por 4,38 millones de personas en España según el INE. Según la Base de Datos Estatal de Discapacidad, cerca de 200.000 personas con Daño Cerebral Adquirido están valoradas por los servicios públicos de reconocimiento de discapacidad.

 

CLAVES DEL NUEVO BAREMO

 

• Construido sobre la base del diálogo territorial, establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en el ámbito estatal, garantizando así el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. 

 

• Establece un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra o de violencia de género; o de salud y de esperanza de vida, lo que beneficia especialmente a colectivos dentro del Daño Cerebral Severo. 

 

• Los menores con discapacidad por Daño Cerebral Adquirido ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad. Recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que las personas adultas a ser informadas y escuchadas.

 

• La tramitación pone en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal de las personas con Daño Cerebral Adquirido, también las que residen en zonas rurales. 

 

• Permite que la persona pueda ir acompañada de una persona de confianza, lo que impactará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con Daño Cerebral Adquirido con componente cognitivo, discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo. 

 

• Representantes de la sociedad civil de la discapacidad participarán en primera persona como integrantes de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.

 

Estas medidas también benefician a las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA) que acudan a la valoración específica. Sin embargo, no existe una categoría dentro de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) sobre Daño Cerebral Adquirido que unifique a todo el colectivo de personas con DCA. Esta falta de codificación específica invisibiliza al colectivo en conjunto dentro de las políticas de atención a personas con discapacidad.

Debido a esta situación, las personas con Daño Cerebral Adquirido son valoradas y se contabilizan a raíz de la causa del DCA (ictus, traumatismos craneoncefálicos o tumores cerebrales, entre otros), lo que impide conocer el número exacto de personas con discapacidad por Daño Cerebral Adquirido así como la situación en la que se encuentran.