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SOStén mis derechos: por la sostenibilidad de los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias.

Ya disponible el Manifiesto por el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, elaborado desde el Comité Español de Representantes de las personas con Discapacidad (CERMI). 

03/12/2022

El 3 de diciembre se conmemora cada año el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

Según cifras publicadas por el IMSERSO según la Base de Datos Estatal de Discapacidad el 31 de diciembre de 2018 (última fecha en la que se conocieron datos al respecto), en España 194.054 personas con Daño Cerebral Adquirido estaban valoradas por los servicios públicos de reconocimiento de discapacidad. De éstas el 56% son hombres (108.842 personas) y el 44% mujeres (85.210 personas).

Desde FEDACE, como parte del Movimiento social de la discapacidad agrupado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), donde participa como miembro del Comité Ejecutivo y en las comisiones de Discapacidades Adquiridas y Colaboración asociativa, compartimos el Manifiesto SOStén mis Derechos: por la sostenibilidad de los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias.

SOStén mis derechos

Por la sostenibilidad de los apoyos

a las personas con discapacidad y sus familias

 

Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se celebra el día 3 de diciembre, en el correspondiente al año 2022, el Movimiento social de la discapacidad agrupado unitariamente en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hace público el siguiente 

Manifiesto

La discapacidad, ¿una realidad olvidada? Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística evidencian que el 20 % de la población española (personas con discapacidad y sus familias) está directamente relacionado con la discapacidad. La última gran operación estadística oficial sobre discapacidad (EDAD 2020), unida a las encuestas que anualmente recogen datos relevantes sobre esta realidad social, muestra que este grupo ciudadano sigue precisando de políticas específicas enérgicas para alcanzar un umbral aceptable de derechos, inclusión y bienestar.

Está comprobado que las políticas públicas que reconocen los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias benefician a toda la sociedad. Los grandes avances que hacen que un país esté a la cabeza de las democracias ejemplares siempre vienen de la mano de lo social.

También es un hecho que, en los momentos de graves crisis económicas, sociales y de convivencia, las personas que más sufren las consecuencias, devastadoras muchas veces, son las que se encuentran en riesgo de exclusión, y dentro de este grupo, las últimas en recibir apoyos siempre son las personas con discapacidad y sus familias. La pandemia por COVID 19, la invasión por la Federación Rusa de Ucrania y la guerra consiguiente, la subida exacerbada de precios y la crisis económica actual, son sólo algunos ejemplos, no los únicos.

Esto sucede porque la conjunción de factores de exclusión hace que las personas con discapacidad siempre estén en mayor riesgo de quedarse fuera cuando se une a esta circunstancia el género, la edad, la ruralidad, la condición de persona protegida internacionalmente, la etnia, la diversidad sexual, la situación de pobreza, entre otros. Es especialmente relevante la situación de las mujeres y niñas, el 60 % de la población con discapacidad en España.

El valor de la sociedad civil es incuestionable en la atención a las personas en una sociedad abierta avanzada. Las organizaciones representativas de la sociedad civil de la discapacidad siempre han ido por delante a la hora de ofrecer una red de apoyos y acompañamiento, sin los cuales la vida diaria de muchas personas y familias no sería posible. En los momentos de mayor gravedad, las organizaciones han sido la únicas que estaban ahí, reclamando, denunciando, atendiendo, acompañando, protegiendo vidas.

Movimiento CERMI, 25 años de cambio social desde la unidad y cohesión del sector de la discapacidad

Los 25 años de existencia del CERMI han desencadenado avances esenciales en el reconocimiento de derechos, inclusión y bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. El CERMI ha demostrado desde sus inicios que es posible la reivindicación que exige con firmeza y a la vez, cooperativamente, la construcción de alianzas. La labor de incidencia desde la unidad, elemento primordial de la cultura CERMI, se ha mostrado en toda su esencia en los momentos de mayor dificultad.

Ante esta realidad, en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el Movimiento CERMI se declara en situación de emergencia. Hoy más que nunca el CERMI clama SOS Discapacidad, SOStén mis derechos, y exige el cumplimiento de estas demandas:

Primera. El Movimiento CERMI alerta de la situación devastadora en la que se encuentran las entidades asociativas de la discapacidad, que están en una precariedad que aboca al riesgo real de desaparición de muchas de ellas, y de los apoyos y atenciones que prestan.

Segunda. El Movimiento CERMI reclama de los poderes públicos medidas alternativas, extraordinarias, que compensen este quebranto a la sostenibilidad de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y que, en definitiva, permitan la supervivencia de entidades acreditadas, solventes, con trayectoria y programas con gran impacto social.

Tercera. El Movimiento CERMI exige, en particular, la consideración plena e indiscutida del Grupo Social ONCE como entidad del tercer sector de acción social a todos los efectos: su trayectoria y su aportación al desarrollo social de nuestro país, lo justifican plenamente.

Cuarta. El Movimiento CERMI plantea que el Semestre de Presidencia de la Unión Europea 2023 es un momento idóneo para que España impulse a escala europea un modelo de financiación sostenible para el sector social y las entidades del Tercer Sector de la discapacidad.

Quinta. El Movimiento CERMI reivindica la revisión profunda del modelo de financiación y respaldo a las entidades del Tercer Sector de Acción Social de la discapacidad, que se ha demostrado como claramente insostenible e incapaz de dar respuesta a las necesidades reales de las personas con mayor exposición a la exclusión y la discriminación.

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